España tiene ahora la oportunidad de evitar la vergüenza de tener un gobierno de tecnócratas impuesto por el poder europeo. Mariano Rajoy tiene la oportunidad de demostrar que un gobierno de amplio apoyo popular es capaz de llevar a cabo las reformas que el sistema necesita para salir de la crisis sin tener que erosionar la legitimidad democrática.
Un gobierno de técnicos puede sustituir la incompetencia de los políticos, pero no podrá evitar la confrontación con la calle cuando aplique los recortes que los anteriores gobernantes no se habían atrevido a hacer. Y en esta confrontación, unos tecnócratas que no tienen ninguna mayoría parlamentaria, ningún partido a sus espaldas y, sobre todo, que no han sido elegidos en las urnas por nadie, son políticamente muy débiles. Sólo podrán aplicar su programa con mucha mano dura. Y si esta dureza rebasa determinados límites, el daño que se puede hacer a la democracia puede ser letal.
Rajoy tiene, pues, el reto de demostrar -una vez evaluada de primera mano la situación- que un gobierno democrático es capaz de explicar y aplicar todas las medidas necesarias. Y de hacerlo con el apoyo de una mayoría de los ciudadanos. La prueba la tiene con CiU, que ha ganado votos a pesar de los recortes.
Pero lo que tenga que hacer lo tiene que hacer deprisa. En los primeros cien días de gobierno deben ponerse en marcha las medidas estructurales fundamentales, como la reforma laboral, la reducción de la administración pública y la implementación de la regla constitucional que impone un límite máximo al gasto público proporcional a la riqueza nacional.
Si, por las razones que sea, eso no se hace, este país perderá su última oportunidad.
