Anna Colau o como ser fascista sin saberlo

NO

Rosa Díez

NO es aceptable que se cambie el nombre de las cosas para enmascarar las acciones más viles y cobardes.

NO es aceptable el silencio cómplice de los que aplauden a quienes desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados llamaron asesinos y ladrones a los diputados del Partido Popular.

NO es aceptable que haya medios de comunicación teorizando sobre la legitimidad o los límites del acoso a las personas, sean diputados o no.

NO es aceptable que se justifiquen actos que violan los derechos más esenciales como la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio o la protección de los menores.

NO es aceptable que unos ciudadanos, por muy justamente indignados que puedan estar, se crean con el derecho de sustituir a quienes han sido elegidos en las urnas y representan la soberanía nacional.

NO hay ninguna disculpa, ningún argumento, ninguna justificación para tolerar lo que está ocurriendo desde que hace unas semanas se aprobó en el Congreso de los Diputados la tramitación de una Iniciativa Legislativa Popular para reformar las normas que han permitido los desahucios domiciliarios en condiciones claramente abusivas. Toda la legitimidad, toda la razón que tuvieron quienes promovieron esa iniciativa, la perdieron el mismo día que se aprobó cuando en vez de celebrarlo decidieron insultar a quienes habían posibilitado, con su voto mayoritario, que se tramitara. Aquel día quedó patente, con su actuación en la tribuna del Congreso de los Diputados, que, al menos los que allí estaban, no querían que se tramitara la Ley.

Por eso insultaron a los diputados después de la votación, frustrados por no poder seguir intimidando y amenazando como habían hecho días antes por carta a todos los portavoces de los grupos parlamentarios. Antes de aprobarse la tramitación nos exigían el voto; después nos exigen que no cambiemos ni una sola coma de su texto… salvo que queramos arriesgarnos a ser tildados de asesinos en nuestros propios domicilios.

Nosotros NO estamos dispuestos a revivir épocas pasadas, aunque cambie el escenario y los nombres de los impulsores de tales vilezas. Hemos sufrido demasiado tiempo la perversión del lenguaje como para consentirlo y dejarnos engañar a estas alturas.

En Euskadi hemos vivido la persecución de centenares de personas en sus propios domicilios; hemos sufrido amenazas a la libertad de expresión de los representantes legítimos de los ciudadanos; hemos vivido todo tipo de coacciones a los hijos de quienes eran señalados como enemigos del pueblo. Todas esas cosas -y algunas más graves, que vinieron después- decían hacerlas «para recuperar la democracia»; a todas esas cosas las denominaron kale borroka; pero era terrorismo. A esto que algunos están haciendo ahora en nombre de los desahuciados por las hipotecas le llaman escrache; pero es acoso. Acoso cobarde, acoso vil, acoso radicalmente inaceptable.

Uno de los mayores males de nuestra democracia es la impunidad; la impunidad ante la corrupción política o económica, la gestión impropia y dolosa de los recursos públicos o la falta de transparencia en los actos de las administraciones públicas lo que nos distingue de los países en los que existe una democracia de calidad. Pero el compromiso de acabar con la impunidad no puede ser selectivo, porque entonces no habremos avanzado nada.

NO puede haber impunidad para aquellos gestores de entidades financieras que las han arruinado; ni para responsables de los organismos reguladores que no cumplieron con su obligación; ni para los políticos que los nombraron y mantuvieron mientras el desfalco se estaba consumando. Pero tampoco puede haber impunidad para quienes en nombre de una causa justa vulneran las reglas del juego democrático. Ni para ellos ni para quienes los protegen o justifican. La injusticia no se combate con más injusticia; y pocas cosas hay más injustas, más cobardes, más rastreras, que acosar a unos niños en su domicilio o en su centro escolar o de recreo. Tampoco la democracia se regenera con menos democracia; hay pocas cosas más contrarias al orden democrático que tratar de subvertirlo apropiándose de una representación que nadie te ha otorgado.

Albert Camus insistió en explicar que cuando una causa requiere de la violencia para triunfar es la propia causa la que hay que revisar. Pero por mucho que se empeñen ni siquiera estamos ante un caso similar, porque quienes están protagonizando estos actos violentos no lo hacen para garantizar que la causa justa salga adelante; su objetivo -como quedó demostrado el día que empezaron a insultar diputados una vez que estos habían votado favorablemente la toma en consideración de la Ley- es sustituir ilegítimamente a los representantes de los ciudadanos, aunque para ello tengan que violar nuestros derechos y nuestros deberes constitucionales.

Que nadie se engañe: a quienes lideran ese movimiento les importa un bledo que sus acciones pongan en riesgo el objetivo mismo de la ILP que dicen defender; el bien superior para ellos es imponer su voluntad a la de los legisladores. Pues voy a decirlo muy claro: desde Unión Progreso y Democracia no estamos dispuestos a consentirlo. El chantaje y las amenazas sólo podrán triunfar si los representantes de los ciudadanos abdicamos de nuestro deber de representarles; y nosotros no lo vamos a hacer. Nunca aceptaremos que la algarada -promovida hoy por unos y mañana por otros- sustituya al Parlamento; ni que los gritos se impongan sobre los votos; ni que la violencia sustituya al debate democrático.

Anuncio que no cederemos ni un milímetro ante el chantaje o las amenazas; que no aceptaremos jamás que la «democracia asamblearia» sustituya al voto emitido por los ciudadanos en la urna; porque de eso es de lo que estamos hablando, por mucho que haya demasiados intereses -e interesados- en hacer que parezca que se trata de otra cosa. En palabras de Primo Levi: «Nos queda una facultad y debemos defenderla con todo nuestro vigor, porque es la última: la facultad de negar nuestro consentimiento».

Nuestro partido ha aprendido a decir: NO. Quienes quieren validar métodos antidemocráticos han de saber que siempre nos tendrán enfrente; y que nadie conseguirá, nunca, que renunciaremos a defender la democracia.