El pasado mes de julio, una misión internacional de investigación presentaba ante el Parlamento Europeo un
informe sobre el asesinato de campesinos y periodistas en la región hondureña del Bajo Aguán. El informe era explosivo porque salpicaba los organismos e instituciones encargadas de llevar adelante los programas internacionales de lucha contra el cambio climático. En concreto, el proyecto de recuperación de biogás a partir de las emisiones de metano y la sustitución de combustibles fósiles utilizados para la generación de calor en una plantación de aceite de palma de la filial del grupo Dinant Exportadora del Atlántico. Un proyecto que fue
adjudicado por el CDM (
Clean Development Mechanism), a pesar de las denuncias en contra presentadas por 77 ONG de todo el mundo y de que la empresa EDF Trading, que iba a comprar los créditos de emisión, diese marcha atrás preocupada por la posible vinculación del grupo Dinant con las violaciones de los derechos humanos.
A la vista del informe de la comisión de investigación,
el eurodiputado verde, Bas Eickhout, calificó de "vergüenza" las violaciones cometidas. "Si esto es realmente consecuencia directa de la política europea del clima, entonces me disculpo sinceramente ante el pueblo hondureño. El CDM se supone que ofrece beneficios ambientales y un desarrollo sostenido, pero este tipo de noticias son realmente terribles". La ONU, por su parte, lamentaba los asesinatos pero se lavaba las manos: "Nosotros no tenemos que investigar crímenes. Debemos tomar las decisiones según nuestros criterios, por muy lamentables que sean, y tenemos poco margen para a rechazar proyectos. En este caso cumplían exactamente todos los criterios exigidos ".
