En pocos días, tres grandes escándalos han salpicado de lleno la administración Obama: el Departamento de Justicia espió durante dos meses las conversaciones telefónicas de periodistas y editores de la agencia de noticias Associated Press; el equivalente norteamericano de Hacienda sometió a investigaciones intensivas y reiteradas a grupos conservadores por la única razón de estar vinculados con el Tea Party; la Casa Blanca mintió sobre el origen terrorista del ataque contra el consulado de EEUU en Bengasi, el once de septiembre del año pasado y en el que murió el embajador estadounidense en Libia, con la intención de engañar al pueblo estadounidense para ganar la reelección presidencial en noviembre.Si el actual presidente de EEUU fuera un republicano, la gran mayoría de medios de comunicación del mundo no hablarían de otra cosa, abriendo portadas y telediarios día y noche. En Estados Unidos, los demócratas habrían abierto investigaciones y convocado audiencias a granel, hablarían de segundo Watergate e, incluso, de impeachment. Pero como el inquilino de la Casa Blanca es Obama, o no se habla o se hace con la boca pequeña y de paso.
La falta de suficiente atención mediática no puede desvirtuar, sin embargo, la dimensión y la gravedad de los escándalos.
En el caso de Bengasi, la versión oficial fue que el ataque no era más que la reacción espontánea provocada por un vídeo anti-musulmán hecho por un norteamericano y no una planificada acción terrorista. Esta versión fue puesta en entredicho meses después por The Weekly Standard y ABC News que revelaron que los informes de Bengasi elaborados por la CIA fueron modificados por funcionarios del Departamento de Estado para eliminar cualquier referencia al terrorismo. La manipulación de los informes -cocinados en el Departamento de Estado, que entonces encabezaba Hillary Clinton- se puso en evidencia con las declaraciones en el Congreso del número dos de la embajada estadounidense en Libia cuando explicó que los atacantes fueron identificados inmediatamente como terroristas pero que sus superiores le dijeron que mantuviera la boca cerrada.
En el caso de las malintencionadas inspecciones de Hacienda (IRS) a grupos conservadores, las revelaciones del Washington Post explican que se produjo una especie de acoso fiscal no sólo a grupos contrarios a Obama y al Partido demócrata vinculados con el "Tea Party" y "Patriot" sino también a grupos sin fines de lucro críticos con el gobierno, según se documenta en una auditoría interna de la IRS.
En el caso del espionaje a periodistas de la Associated Press, el Departamento de Justicia obtuvo en secreto copia de las llamadas telefónicas de periodistas y editores de la agencia de noticias. Los registros de las conversaciones detallan las llamadas entrantes y salientes así como la duración de cada llamada y los números de teléfono personales y de trabajo de periodistas y editores de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford, Connecticut. Los registros contienen también las llamadas efectuadas a través de los teléfonos del servicio de prensa de la Cámara de Representantes. En total, el gobierno se apoderó de los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a AP y sus periodistas entre abril y mayo de 2012. El número exacto de los periodistas que utilizaron las líneas telefónicas durante este período no se conoce, pero se calcula que son mas de cien.
Escándalos como éstos habrían hecho caer a más de un presidente. Pero los escándalos de Obama no tienen quien los escriba.
