Todo el mundo entiende que cuando se reclama el “derecho a decidir” lo que se persigue, en realidad, es la facultad de imponer un marco político con garantías legales inamovibles. Es decir, sin posibilidad de reclamaciones ulteriores. Esa es la esencia de la “rebelión catalana” lanzada, el once de setiembre de 2012, por una riada de manifestantes secesionistas y que el gobierno regional asumió, consagrándola como ariete de su programa para verla culminada, sí o sí, en 2014. Es decir, por las buenas o por las malas: con anuencia de partes y conforme a derecho, si es posible, o sin respetar esas formalidades, si no es así.
miércoles, 23 de enero de 2013
Multiconsultas
Tercera Cultura publica este artículo del catedrático de Psiquiatria de la Universidad Autónoma de Barcelona, Adolf Tubeña, que el diario El País no ha querido publicar.
