El derecho de voto forma parte indisoluble de la democracia pero no es la democracia misma. En Cataluña, sin embargo, desde el poder político se ha insuflado la idea contraria: si España no permite que se celebre la consulta que diversos partidos han pactado entre ellos es que no hay democracia. No importa que haya elecciones periódicas para elegir el gobierno, para votar a Podemos o a Falange Española. Lo único que importa, o más exactamente, lo único que les importa, es que se celebre un referéndum concreto que han convertido en piedra de toque de lo que es y lo que no es democrático. Han erigido un nuevo mantra: el voto, y sólo el voto, es la democracia y la democracia es, y sólo es, el voto. Tanto monta, monta tanto. Sin consulta no hay democracia.
El argumento no es sólo infantil sino falso. El voto no es otra cosa que el instrumento para imponer la voluntad de la mayoría. Esa voluntad, sin embargo, está limitada por los derechos de las personas y por las leyes y procedimientos del estado de derecho. Dicho en plata: la democracia limita el poder del voto. Si no fuese así, y en contra de lo que reivindican los hinchas del derecho a decidir, se tendría que permitir y acatar cualquier decisión del gobierno de la mayoría, se tendría que permitir y acatar el resultado de los referéndums que los distintos grupos sociales quisiesen proponer: ya sea la legalización de la pedofília, la expulsión de los inmigrantes, el recorte de derechos a grupos étnicos o raciales, la restauración de la pena de muerte o la imposición de un nuevo estado por parte de una minoría sobre otra.
La mayoría de esos referendos no son posibles porqué atentan contra los derechos inviolables de las persones o porqué vulneran las garantías que tienen todos los ciudadanos de un Estado a que los conflictos se resuelvan por los mecanismos pactados conjunta y democráticamente en el momento constituyente. Esos mecanismos permiten que una mayoría simple otorgue el poder a un partido o grupo de partidos que hayan concurrido a las elecciones con un programa centrado, por ejemplo, en la independencia. Pero no permiten imponerla por decreto ni a España ni a todos los catalanes. Esos mecanismos establecen un procedimiento para la reforma constitucional basado en una mayoría cualificada que los que quieren cambios deben conseguir. Y mientras no consigan convencer a la mayoría tendrán que esperar. Y cuando lo consigan, tampoco podrán aplicarlo automáticamente. Deberán aún consultarlo previamente a los ciudadanos para que lo acepten o lo rechacen. Así, y sólo así, los ciudadanos tienen realmente la última palabra. Hacerlo al revés, como es su intención el 9-N, no sólo es ilegal sino que es una burda utilización del ciudadano para que de carta blanca a los políticos para que hagan el estado federal, confederal o independiente que les de la gana.
El voto no es la democracia. La democracia, chavales, es muchísimo más que el voto.
