Los que confunden la democracia -el poder de la mayoría- con la libertad y el Estado de Derecho no pueden entender lo que ha pasado en Egipto. Y esto es así porque conciben la democracia como un fin -y no como un procedimiento- en el que la voluntad de la mayoría no sólo decide quién gobierna sino cómo gobierna.
Por el contrario, la democracia liberal distingue entre el procedimiento para cambiar los gobiernos sin violencia a través de las urnas y la finalidad del Estado de Derecho o Estado Constitucional que consiste en impedir que el poder del gobierno rebase la frontera que garantiza los derechos y libertades de los ciudadanos, especialmente de la minoría.
Dicho de otro modo, los democratistas o republicanistas creen que la obtención de la mayoría en las urnas legitima al poder a aplicar su programa político, sea el que sea. Liberales y constitucionalistas, por el contrario, piensan que la manera de acceder al gobierno no modifica por sí misma la naturaleza del poder y que, para evitar derivas autoritarias, éste no puede hacer lo que quiera, a pesar de tener el aval de la mayoría.
Los primeros, pues, priman quien debe mandar, mientras que los segundos priorizan como debe gobernar. Esta distinción, aparentemente academicista, confronta dos concepciones del poder, la libertad y la democracia, completamente opuestas.
La primera, concibe el poder como un instrumento de transformación social, que debe permitir la construcción de la utopía. La segunda, defiende que el gobierno no debe decir a la gente cómo ha de vivir ni lo que tiene que creer y que el poder debe limitarse, por una parte, a garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos para que puedan vivir según sus propias convicciones y, por otro, a gestionar de la manera más escrupulosa los servicios comunes que la sociedad haya delegado en el gobierno.
De la misma manera que un Estado de Derecho dispone de policía para reprimir la delincuencia, también dispone, o debería disponer, de mecanismos para impedir la deriva totalitaria del gobierno. Esto es lo que ocurrió en Chile, donde el Parlamento denunció la ruptura de la legalidad por parte del gobierno de Allende y pidió la intervención militar (leer editorial de The Economist). La responsabilidad moral y penal de Pinochet no es por haber destituido a Allende sino por haber impuesto una dictadura militar en lugar de restituir la normalidad constitucional.
En Chile, la llamada a la intervención militar se hizo en un intento de evitar que la democracia derivara en una dictadura castrista. En Portugal, en cambio, los militares dieron un golpe de estado -"El golpe de Estado democrático" del que habla Ozan O. Varoli, en el Havard International Law Journal- para derribar la dictadura e instaurar la democracia. Un año después de la revolución de los claveles del 25 de abril de 1974 se convocaban las primeras elecciones libres y, des de entonces, Portugal forma parte de los Estados democràticos del mundo.
¿Puede ser Egipto un caso similar a los anteriores? La deriva islamitzadora del gobierno de Mursi, el autoatribución de poderes excepcionales en la figura del presidente, las modificaciones constitucionales unilaterales, justifican sobradamente la intervención militar. Teniendo en cuenta, sin embargo, la historia de los últimos sesenta años en Egipto, desde el derrocamiento militar del rey Faruk en 1952 por el Coronel Gammal Abdel Nasser al de Hosni Mubarak en febrero de 2011, la incógnita no es tanto si la destitución de Mursi es o no un golpe de estado como el saber si la intervención del ejército llevará a una democracia constitucional o a una nueva dictadura militar.
ADENDA.- Los entresijos del golpe de estado egipcio
