El gobierno de Honduras ha firmado un acuerdo con inversores extranjeros para la construcción de una "ciudad privada" en su territorio que tendrá sus propias leyes y sistema tributario.
La jurisdicción de Honduras sobre la "ciudad modelo" se limitará prácticamente a la defensa, las relaciones exteriores, la legislación electoral y la emisión de documentos de identidad y pasaporte.
El estatuto constitutivo y las leyes que regirán la ciudad modelo, así como los convenios que firmen, deberán ser ratificados por el gobierno de Honduras, según consta en la reforma Constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar el camino al proyecto.
Una vez establecido su marco legal, la ciudad quedará a su aire para gobernar, administrar, firmar tratados, establecer su propia política monetaria, crear órganos de aplicación de la ley tales como tribunales y policía, hacer su presupuesto e incluso "contratar sus propias deudas internos o externos, siempre que sean sin el aval del Estado de Honduras ".
El proyecto está inspirado en la idea de la charter city del economista estadounidense Paul Romer.
